Si hay una pata importante en el fraude fiscal es el sector del juego. Este sector mueve ingentes cantidades de dinero y están sujetas a un mapa impositivo importante a nivel de tasas de juego. Pero además de la función de lavado de dinero negro, que cumplen a la perfección por más leyes antiblanqueo que se pongan en marcha, el fraude tributario en los premios de escasa cuantía es latente.
Actualmente, los premios de cualquier juego de azar que no gocne de exención tributaria (organizados por ONLAE), tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario tributando en el IRPF en la base general. El límite de exención de estos premios se situa en 300 euros por motivos prácticos. Ahora bien, cualquier premio que se obtenga superior a 300 euros en una jugada, tiene que estar sujeto a retención del IRPF. Como normal general, los bingos y casinos sólo aplican esta retención a premios de elevada cuantía, pero nunca a premios de miles de euros. Y Hacienda lo sabe y mira connivente a otro lado.

Hacienda es consciente de este hecho, porque los bingos tienen que comprar los cartones a las correspondientes Delegaciones de Hacienda Autonómicas y tienen que llevar un registro dde los cartones vendidos por día en cada jugada y de los premios repartidos en cada una de ellas. Existen bingos que pagan jugadas superiores a 300 euros y no aplican la correspondiente retención, obligando a la vez al jugador a que declare estos ingresos en su renta.
En el caso de los casinos, el fraude es más flagrante dado que las jugadas son de mayor cuantía y el control por mesas es más complejo. No obstante, se podrían establecer los mecanismos de control oportunos para que los premios de escasa cuantía también pasaran por la caja de Hacienda.
¿La cuantificación global del fraude? Difícil de estimar, dado que el sector privado factura unos 20.000 millones de euros, pero para que ronde los 3.000 millones euros que escapan al control de Hacienda, no hay que andar mucho.
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